¿Hay talleres canarios que arreglan piezas de avion clandestinamente?

URUGUAY, CANELONES, (www.elcorresponsal.com.uy) El diputado colorado Aníbal Gloodtdofsky denunció implicancias entre Aviación Civil y la empresa Air Class, para encubrir reparaciones irregulares que pudieron haber sido determinantes en el siniestro aéreo.

El legislador formuló un duro planteo en la sesión del martes pasado en Cámara de Diputados. En su intervención denunció que el día del accidente el radar principal del aeropuerto estaba apagado; que los equipos de búsqueda y rescate demoraron dos horas en salir; que la empresa recurrió a talleres no autorizados para hacerle reparaciones al avión, y por último una presunta connivencia entre la empresa y Aviación Civil.

"Hay muchas cosas al margen del accidente acerca de las que se está llevando a cabo una investigación reservada, que rápidamente debemos poner en conocimiento de esta Cámara", advirtió Gloodtdofsky. Y como ejemplo de ello citó que la noche del siniestro "cuando se perdió contacto con la nave, el mecanismo de búsqueda, rescate y salvamento demoró dos horas en salir". Y añadió que el radar principal del Aeropuerto de Carrasco estaba apagado y funcionaba uno secundario. "Y está apagado porque, supuestamente, recibe información distorsionada debido a la construcción de un edificio cercano", denunció.

El legislador, que desde hace meses investiga por su cuenta el caso, dijo contar con elementos muy firmes como para señalar implicancias entre la empresa y la Dirección Nacional de Aviación Civil (Dinacia), que entre otras cosas es el organismo que concede las certificaciones de aeronavegabilidad, y regula la actividad de las compañías aéreas y los pilotos.

El diputado insistió particularmente en este punto, ya que a su juicio ello incide en un aspecto central del trágico siniestro: el buen funcionamiento de la aeronave.
Motores

"De todas las formas posibles hubo participación de implicados en la investigación, en la habilitación y en la inspección", aseguró en la sesión Gloodtdofsky.

"Después de habilitar, investigar e inspeccionar, los mismos juegan de un lado y del otro del mostrador; es gente de las empresas que otorga habilitaciones y que también tiene que ver con lo sucedido", dijo.

El legislador se refería de este modo a la empresa argentina que revisó los motores del Fairchild Metro III, y que además Air Class contrataba para tareas de mantenimiento. En el informe interino de la Comisión Investigadora se hace mención a la misma: "Se realizó desarme de ambos motores en el taller `División Turbos` (República Argentina), arrojando como resultado el correcto funcionamiento de los mismos en el momento del impacto".

Sin embargo, la empresa con sede en la localidad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, debe ser autorizada por la autoridad de aviación del país al que ofrezca su servicio. Tal como puede verse en la web de la empresa, División Turbos exhibe su certificado de habilitación otorgado por la Dirección Nacional de Aviación Civil, que es firmado por quien entonces era el Director de Seguridad Operacional, el coronel aviador Jorge Álvarez, actualmente gerente general de la compañía Air Class.

Asimismo, el legislador alude en su declaración a otros talleres afincados en el país que realizaron reparaciones no autorizadas para la empresa.

"Hemos visto alrededor de todo este episodio al igual que sucede con otras compañías que en el departamento de Canelones, en Ciudad de la Costa, hay talleres que arreglan, reparan clandestinamente repuestos y partes de aviones, lo cual está absolutamente prohibido y constituye un delito", sostuvo.

De acuerdo con documentación a la que oportunamente accedió El País, varios pilotos que declararon ante la jueza penal que investiga el caso dieron fe de esta situación. No obstante, ante consultas formuladas por El País a la empresa, Air Class negó que se hayan realizado reparaciones o intervenciones de mantenimiento por vías no autorizadas.

En tal sentido, el abogado de Air Class, Florencio Macedo, dijo a El País que estas y otras cuestiones observadas en el informe oficial fueron respondidas y debidamente documentadas ante la Justicia. "El jueves entregamos más de cuatro mil fojas de documentación al juzgado, donde figura toda la documentación que Oipaia (la comisión investigadora) señalaba no tener en su informe", explicó el abogado.

En tanto, el legislador colorado sostiene su hipótesis en cuanto a implicancias como la señalada, que pueden comprometer la imparcialidad de la investigación. De hecho, solicitó a la Cámara que se remitieran las actas al ministro de Defensa Nacional y al Comandante en Jefe de Fuerza Aérea. (por Renzo Rosello EL PAIS CIUDADES/SEGUNDA SECCION/ 15/06/2013/ Página 5)