Nuevo Casino de Atlántida estaba viciado de irregularidades e ilegalidades

URUGUAY, CANELONES, Atlantida (www.elcorresponsal.com.uy) El jefe de la asesoría jurídica de la Dirección de Casinos opinó que el proceso de adjudicación de la sala/casino de Atlántida fue "un procedimiento viciado por varias irregularidades e ilegalidades", y denunció amenazas del director del organismo.

La adjudicación de un nuevo hotel-casino en Atlántida a la firma Reinsa S.A., del poderoso grupo empresarial Ick de la provincia argentina de Santiago del Estero, ha estado rodeada de polémica.

El jueves pasado la Dirección General de Casinos (DGC) tenía previsto firmar el contrato con Reinsa S.A., empresa que anunció una inversión de entre US$ 12 y US$ 15 millones en la nueva sala de juegos y hotel de Atlántida.

Sin embargo, a último momento, la firma del acuerdo se suspendió. El comunicado oficial indicó que la empresa "no ha podido completar a tiempo la documentación exigida por la licitación para poder concretar la firma del contrato".

El titular de la DGC, Javier Chá, en declaraciones que publicó a El País el viernes, explicó que la suspensión de la firma del contrato con la empresa del Grupo Ick (que en Argentina posee negocios turísticos, medios de comunicación y entidades financieras) obedeció a que no presentó en tiempo y forma la documentación que avale que posee los fondos necesarios para la inversión.

"No es que se desconfíe de la solvencia del grupo pero la disponibilidad de los fondos del proyecto debe estar debidamente acreditada", dijo Chá.

Pero el abogado Álvaro Galeano, representante del Grupo Ick en Uruguay, contradijo la versión de Chá. "Es un tema documental que no tiene nada que ver ni con el origen de los fondos ni con la disponibilidad, todo está perfectamente acreditado", afirmó Galeano.

El 6 de diciembre -una semana antes de la fecha prevista originalmente para la firma del contrato con Reinsa S.A.- el abogado Fernando Magnífico, jefe de la División Jurídica de la DGC, emitió un informe contra la celebración del contrato por la existencia de serias irregularidades en el proceso.

"Todo el procedimiento se desarrolló sin cumplir con el control interno de legalidad que corresponde a esta repartición jurídica", dice Magnífico, quien resalta que cuando el contrato pasó a estudio de los asesores de la DGC "ya estaba autorizada la contratación".

La DGC realizó "un procedimiento viciado por varias irregularidades e ilegalidades", advierte el informe al que accedió El País. El abogado expresa que sus objeciones no serán tenidas en cuenta, pero aún así su obligación funcional "es dejar constancia de estas situaciones".

LOS FONDOS. Magnífico asegura que tras conocer los primeros informes que objetaban el contrato con Reinsa S.A., Chá, en una "reacción inadmisible", elaboró un escrito "en letra mayúscula y en negrita y con un claro tono amenazante y pretendiendo que no se exprese la verdad sobre un procedimiento que, tanto el Tribunal de Cuentas de la República como la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República observaron contundentemente".

A mediados de 2011, el Tribunal de Cuentas objetó la ausencia de un proceso licitatorio y la adjudicación directa (que se firmó en marzo de este año) del nuevo casino de Atlántida a la empresa Reinsa S.A.

Según Magnífico -que volvió a su cargo de asesor legal de la DGC hace pocos meses luego de ganarle un juicio al Ministerio de Economía que lo había trasladado a otra unidad ejecutora en 2009- en el expediente administrativo de la adjudicación del casino de Atlántida no hay referencia "a la realización de las actuaciones y controles relativos al origen de los fondos destinados a la inversión que la empresa Reinsa S.A. asumirá" al formalizarse el contrato.

El asesor jurídico de la DGC recuerda que la encargada del Área de Administración Financiera del organismo, la contadora Valeria López, realizó una "fundada y reiterada observación" sobre el punto.

Magnífico también relata que inicialmente, ante el requerimiento de López, la empresa informó que la inversión se realizará mediante un préstamo del Banco República. Pero López no encontró prueba "de esa relación crediticia". Luego, Reinsa S.A. "cambia de criterio e indica que no requerirá el citado préstamo y que la inversión se haría con recursos propios, (pero) sin indicar su origen", sostiene el abogado.

La DGC también prevé firmar un contrato para arrendarle al Grupo Ick (a través de la empresa Fanedil S.A., que también representa Galeano) las nuevas oficinas del organismo, por las que pagará US$ 5 millones en diez años, lo que implicará duplicar el alquiler actual.

Por otra parte, el diputado nacionalista Jorge Gandini presentó ayer un pedido de informes dirigido al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, en el que le pide una serie de respuestas sobre diversos negocios de la DGC.

El legislador interroga sobre la presencia del abogado Álvaro Galeano (representante de Reinsa S.A. y Fanedil S.A.) en al menos nueve negocios con Casinos y sobre el origen de los fondos del inversor para el hotel-casino en Paysandú. EL PAIS/ POLITICA NACIONAL/ 18/12/2012/  Página 5/ P. MELÉNDREZ / G. TERRA