CANELONES CAPITAL (1231) El abogado Gustavo Salle Lorier pidió ayer al Juez de Canelones reactivar el juicio penal a los ediles departamentales de Canelones por el delito de declaración jurada falsa. (leer todo el documento). Tal delito se comete cuando un edil declara ante un funcionario público que ha gastado dinero en combustible para traslados por razones de sus funciones como edil departamental, sin ser cierto.

El expediente fue iniciado por Salle (099663580) cuando trascendió a la capital las dudas que habían respecto si todos los ediles que invocaban gasto de dinero para recorrer Canelones, era real.

Salle se presentó en aquel momento "como puede hacerlo cualquier persona" al Juzgado de Canelones e introdujo una denuncia contra todos los ediles de la Junta de Canelones, pidiendo al Juez que investigara si los reintegros de dinero que perciben, son utilizados para pagar el combustible que gastan en recorrer el departamento de Canelones.

La Fiscal fue enterada por el Juez, y se citó a todos los ediles departamentales a concurrir a la sede Judicial, a describir ante el Magistrado, el procedimiento por el cual cobran los dineros, declarando y firmando -ante un funcionario público empleado de la Junta- que los gastaron previamente en combustible, para traslados cumpliendo sus funciones.

Luego de varias diligencias judiciales, la Fiscal pidió al Juez que archivara el expediente judicial por haber llegado a la conclusión de que no se habia cometido delito.

Cuando Salle se enteró del archivo del expediente por parte de la Fiscal, se presentó ayer ante la Sede Judicial canaria pidiendo ver los motivos por los cuales su caso habia quedado sin efecto.

Al ver los motivos que la Fiscal habia invocado decidió pedir al Juez reactivar el caso criticando ácidamente a la Fiscal por abandonar el expediente.

Salle sostiene que hay algo raro en el archivo del expediente pues luego de haber declarado en la sede Judicial, los ediles se reunieron en la Junta Departamental.

Allí analizaron la gravedad de la situación al haber sido acusados de un delito penal con un mínimo de 3 meses de cárcel por declaración jurada falsa ante un funcionario público, y modificaron el sistema de cobrar los dineros.

Salle argumenta en la reactivación del caso -que pidió ayer al Juez- que esa modificación de ninguna manera extingue el delito cometido y que además en el caso de los ediles que eran funcionarios públicos, además de ediles, la pena sube a 2 años de cárcel mínimo para ese delito.

La razones de tal acción las describió ayer al mediodica ante el Canal 8 de Canelones Capital -que cedió el video al Diario EL CORRESPONSAL- (aunque días antes habia anticipado su accionar a Fm San Ramon y luego en cx36 radio Centenario en Montevideo), por lo que ahora corresponde actuar al Juez Penal.