Migues: un gobierno municipal tutelado por la Intendencia de Canelones
URUGUAY, CANELONES, Migues (www.elcorresponsa.com.uy) La Alcaldesea lo negó, insultó al periodista del diario El Corresponsal que adelantó la noticia pero hoy el gobierno de Migues es hoy un gobierno tutelado por la Intendencia de Canelones que finalmente intervino el Municipio luego de “notorias” diferencias entre la alcaldesa y los concejales.
Pésimas relaciones personales, sesiones de legitimidad cuestionada, una rendición de cuentas impugnada por aparentes gastos no aprobados y hasta una fiesta animada por el humorista Cucuzú están en el medio de un enfrentamiento sin precedentes en la breve historia de los gobiernos de tercer nivel en Uruguay.
De un lado está la alcaldesa de Migues, la nacionalista María del Carmen Suárez, y del otro los cuatro concejales restantes.
La situación llegó a tal punto que la comuna canaria optó por tomar cartas en el asunto y desde hace ya dos sesiones del Concejo Municipal, el director general de la Secretaría de Desarrollo Local y Participación, Juan Tons, se sienta en cada una de las reuniones para poner paños fríos al asunto.
Si hay algo en que todos los actores coinciden en esta historia es que las diferencias político-partidarias no sirven para explicar lo que ocurre en el Municipio de Migues. “Se supone que si soy de la agrupación de la alcaldesa, debería estar de acuerdo con ella. Pero estos no son problemas políticos”, dice Sinforoso Rodríguez, concejal del municipio e integrante de la lista 400, al igual que Suárez; aquella que identifica al senador nacionalista Luis Lacalle Pou en Canelones. En el Concejo Municipal hay tres blancos y dos frenteamplistas, pero las diferencias han distanciado a los cuatro concejales de la alcaldesa. “Hay muchas cuestiones personales en la pérdida de confianza total de los cuatro concejales hacia la alcaldesa”, dijo Tons, que aseguró que “cuando pasa eso, si no te apegás estrictamente al reglamento, no funciona”.
Catalina Cabrera, concejal suplente del Frente Amplio, explicó a la diaria que el grueso de las diferencias con la alcaldesa surgieron sobre finales del año pasado. “Hasta octubre de 2016 90% de las actas eran votadas por unanimidad”, dijo. El problema surgió a la hora de financiar las fiestas de fin de año. Según dijeron Cabrera y Rodríguez a la diaria, debido a la situación económica, el Concejo Municipal había resuelto reducir el apoyo a sólo dos fiestas: la Savia Gaucha y la fiesta de reyes, que se uniría a una “noche de las luces” organizada por el club Unión de esta ciudad, dejando de lado la posibilidad de realizar una celebración de fin de año. Pero Cabrera explicó que el 15 de diciembre, Suárez llevó adelante una reunión del concejo “con los alcaldes suplentes del Partido Nacional, en la que aprobó la fiesta de reyes y una fiesta de fin de año, junto a una audiencia pública y la participación de Cucuzú y dos grupos más”. “Nosotros habíamos pedido que se suspendiera, nos dijeron que sí, y dos días después nos enteramos de que la alcaldesa había hecho la reunión”, dijo Cabrera. Los concejales no participaron en la audiencia pública y declararon no haber estado de acuerdo con unir esta instancia con la celebración de fin de año.
La versión de la alcaldesa es distinta: “Hubo dos titulares y tres suplentes. Los titulares manifestaron que no podían ir o no contestaron, y a los suplentes no hay que autorizarlos. Luego se sesiona con los que están”, dijo Suárez, que además sostuvo que no existía ninguna resolución anterior respecto de una reducción de gastos para las fiestas.
Otro tema que generó polémica fueron los gastos ejecutados en 2016 por la alcaldía. Cabrera explicó que el 17 de enero los concejales recibieron la información sobre los gastos ejecutados por el Municipio, con compras no votadas por el concejo, que incluían un “juego de sofás” nuevo para el despacho de Suárez. Los gastos no autorizados, sostuvo, superaron los 100.000 pesos.
Suárez, por su parte, dijo que la auditoría del 30 de diciembre la armó por cuenta propia. “La hice sola, porque los concejales ni siquiera se presentaron con su cuerpo el día de la rendición, así que mal pueden hablar si se hizo bien o mal”. Además, sostuvo que muchos de los gastos catalogados como no autorizados fueron votados por el concejo como proyectos de equipamiento de locales municipales.
La alcaldesa, que pidió una intervención financiera a la intendencia para que apruebe su gestión, cuestionó a los concejales por no votar un receso a principio de año: “Yo sí trabajé [en 2016], se ve que ellos estaban descansados porque no necesitaron receso, y en enero y febrero funcionaron en cualquier horario y en cualquier día”. Según contó, cuando ella se tomó unos días, el concejo “no tomó ninguna decisión de importancia” y “los dos concejales que asumieron el lugar mío no sabían leer las notas que entraban, se mareaban y no sabían dirigir la sesión”.
Las relaciones se desgastaron tanto durante 2017 que ambas partes terminaron aceptando la intervención de la Intendencia.
Según Tons, la denominada “intervención” básicamente consiste en que él “acompaña” las reuniones del concejo para garantizar cierto nivel de diálogo y corroborar que se cumplan todos los aspectos legales. El jerarca dijo que este tipo de situación, incluida la intervención, “nunca pasó en ningún municipio”. También se “investiga todo para atrás”: “Hay una serie de denuncias en marcha y se va a ir desentrañando y revisando cosas que en las actas están mal, y si algunas fueran de carácter grueso o legal, la alcaldesa se tendrá que hacer cargo”.
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