Los administradores de los dineros de los ancianos internados tendrán que rendir cuentas
URUGUAY, CANELONES (www.elcorresponsal.com.uy) El Diputado Gustavo Espinosa, Presidente de la Comisión de DD.HH Del Parlamento, lleva adelante importantes convocatorias de autoridades e instituciones vinculadas a la temática del Adulto Mayor, con el propósito de erradicar el abuso físico, psicológico y económico en un país que apuesta a la protección integral del Adulto Mayor y preservar sus Derechos Humanos"
Concluye afirmando que su proposito es "mejorar la regulación de residencia de Adultos Mayores, dar mejor protección contra el abuso patrimonial -principalmente de quienes padecen deterioro cognitivo- obligando a los apoderados de los Adultos Mayores (incluyendo casos de directores a administradores de los propios centros de alojamiento) a rendir cuentas de los dineros administrados y sus gastos, no sólo en el sector público sino también privado, dotar de mayor cantidad de inspectores al BPS y ejercer un claro seguimiento de los centros declarados y detectar aquellos clandestinos, deberían ser unas de las tantas líneas rectoras para frenar los abusos contra nuestras abuelas y abuelos que tanto han dado por el país, por nuestros hijos y por nuestros nietos”.
El diputado canario colorado afirma que hay "situaciones inaceptables donde el abuso contra el Adulto Mayor es cotidiano; la violencia intrafamiliar y las terribles situaciones de nuestras abuelas y abuelos en centros de larga estadía (la gran mayoría clandestinos o sin habilitación), demuestran claramente las dificultades del Estado de controlar y hacer un seguimiento preciso de la situación sanitaria, alimentaria, habitacional y garantista de sus derechos humanos.”
Acepta que hubo "avances" pero que existen 844 centros de larga estadía de ancianos en Uruguay de los cuales sólo el 1,2% se encuentra habilitado o en proceso de habilitación y sólo 84 de ellos recibe apoyo de intercambio con el BPS"
Hay unos 20 funcionarios inspectores del MSP que cubren las tareas de inspección (siendo menor el numero de ellos que realiza las mismas), o que -segun Espinosa- "ha permitido el surgimiento de cientos de hogares que reciben y hacen un comercio de la atención de los adultos mayores, permeables en muchos casos a todo tipo de atropello y abuso mientras que el Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez que intenta aplicarse, aún está distante de cumplirse”
Uruguay es el país más envejecido de Latinoamérica, tiene un 14% de población mayor de 65 años y en relación a los mayores de 80 años tenemos el triple de promedio de la región previéndose que para el 2030 el promedio de mayores de 65 años será del 22%. Estos promedios superan a los menores de 15 años.
Espinosa señala que quiere "el sistema de las prestaciones económicas y sociales que realiza el Banco de Previsión Social y la Ley de Vivienda para jubilados y pensionistas que financia empezando por el cupo cama” que "dejan afuera a los más pobres en virtud que son solo beneficiarios aquellos que tienen beneficios contributivos, ante lo cual los provenientes del sector informal quedan desamparados y excluidos”
“Es imperativo el cumplimiento de la ley 17.066 y el decreto reglamentario 320/99 referido a la fiscalización de establecimientos de adultos mayores, actualmente no se cumplen las inspecciones periódicas, sistemáticas y con ciclos de cada dos años a los centros registrados, imaginemos entonces lo que ocurre con los cientos y cientos de centros clandestinos o sin declarar” enfatiza Espinosa.
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